Ni el Tribunal Supremo ha autorizado a las VTC a realizar servicios urbanos en Valencia ni la sentencia que se ha hecho pública dice lo que algunos están contando. Vamos a explicar qué ha ocurrido realmente, porque una cosa es lo que resuelven los tribunales y otra muy distinta lo que algunos quieren hacer creer.
El diario Las Provincias ha publicado una noticia titulada «El Supremo avala que las VTC puedan hacer servicios urbanos en Valencia». Un titular que transmite una conclusión que no se corresponde con el verdadero alcance de la resolución judicial.
Y no es una cuestión de opiniones. Tenemos la sentencia, la hemos leído y vamos a explicar exactamente qué dice.
LO PRIMERO: EL SUPREMO NO HA DICTADO NINGUNA SENTENCIA AUTORIZANDO A LAS VTC A REALIZAR SERVICIOS URBANOS.
Lo que ha ocurrido es que el Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso de casación contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
¿Y qué significa eso? Que el Supremo no ha entrado a examinar el fondo del recurso. No ha celebrado un nuevo juicio sobre la legalidad del transporte urbano de las VTC ni ha dictado una sentencia reconociéndoles una autorización para realizarlo.
Simplemente, la sentencia anterior ha quedado firme.
LO SEGUNDO: ¿DE QUÉ TRATABA REALMENTE EL PROCEDIMIENTO?
De una licitación pública para contratar servicios de transporte urbano e interurbano destinados a la radiotelevisión valenciana.
Los pliegos de esa licitación contemplaban exclusivamente la contratación de taxis. Una asociación del sector VTC recurrió esa exclusión y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló los pliegos.
Posteriormente, Radio Taxi Metropolitano de Valencia recurrió aquella decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que desestimó su recurso mediante la sentencia 661/2025, de 20 de noviembre.
Es decir, estamos hablando de un procedimiento sobre contratación pública y sobre si estaba justificada la exclusión de las VTC de una licitación.
No de un procedimiento dirigido a determinar si todas las VTC de Valencia disponen de autorización para realizar transporte urbano.
LO TERCERO: ¿QUÉ DICE REALMENTE LA SENTENCIA SOBRE EL TRANSPORTE URBANO?
Aquí viene lo interesante.
En la página 18, el Tribunal Superior de Justicia analiza la normativa autonómica valenciana y considera que esta reconoce la posibilidad de que las VTC realicen transporte urbano.
Pero establece una condición fundamental: que sus titulares dispongan de una autorización administrativa que los habilite para ello.
Y esto es precisamente lo que se está pasando por alto.
Que una actividad pueda ser autorizada no significa que cualquier empresa que disponga de una autorización de transporte distinta esté automáticamente habilitada para realizarla.
El tribunal no examina las autorizaciones concretas de las VTC que operan en Valencia, no comprueba individualmente su alcance y tampoco resuelve un procedimiento contra la legalidad de los títulos administrativos con los que esas empresas están prestando servicios urbanos.
Lo que hace es interpretar la normativa valenciana dentro de un procedimiento sobre una licitación pública.
Y esa diferencia es jurídicamente fundamental.
LO CUARTO: ¿QUÉ HA AVALADO ENTONCES EL TRIBUNAL SUPREMO?
El Supremo no ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Al inadmitir el recurso de casación, ha dejado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Y esa sentencia no concede autorizaciones urbanas a las VTC ni declara que todas las autorizaciones VTC existentes sean suficientes para realizar transporte urbano.
Por tanto, presentar esta decisión como si el Supremo hubiera dado una autorización general a las VTC para operar en las ciudades valencianas es atribuirle una decisión que no ha adoptado.
Y AQUÍ ESTÁ LA CUESTIÓN QUE REALMENTE IMPORTA.
La autorización VTC de ámbito nacional quedó limitada, con carácter general, al transporte interurbano tras la modificación del artículo 91 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres mediante el Real Decreto-ley 13/2018, sin perjuicio del régimen transitorio y de las competencias autonómicas.
Por tanto, para realizar transporte urbano resulta imprescindible contar con la correspondiente habilitación conforme al régimen jurídico aplicable.
¿Disponen efectivamente las VTC que operan en Valencia de esa habilitación? ¿Es suficiente el título administrativo con el que están trabajando? ¿Cuál es exactamente su alcance?
Esas son las preguntas que habría que resolver para determinar la situación jurídica de esos servicios.
Y ninguna de ellas queda resuelta de forma general e individualizada por esta sentencia.
Que quede claro: el TSJ valenciano sí se pronuncia sobre la posibilidad jurídica del transporte urbano mediante VTC bajo la normativa autonómica. No estamos negando lo que dice la sentencia. Estamos denunciando que se le atribuya un alcance que no tiene.
Porque una cosa es reconocer la posibilidad de realizar una actividad con la autorización correspondiente y otra muy distinta declarar que todos los operadores están autorizados para realizarla.
Y una cosa es inadmitir un recurso de casación y otra dictar una sentencia del Tribunal Supremo resolviendo el fondo de una controversia.
CONCLUSIÓN
En definitiva, ni el Supremo ha dado vía libre a las VTC para realizar servicios urbanos en Valencia ni esta resolución acredita que todas las VTC que actualmente operan allí estén legalmente habilitadas para hacerlo.
Lo demás es coger una resolución judicial, eliminar los matices que resultan fundamentales para entenderla y vender al público una conclusión que va mucho más allá de lo que realmente han decidido los tribunales.
Y eso, por mucho que se disfrace de noticia, es desinformar.
