
Ayer se celebró en Madrid la primera de las tres jornadas del juicio por la demanda de competencia desleal que interpusimos en enero de 2019, durante las huelgas del taxi, contra Uber, Cabify y las empresas de VTC.
Un procedimiento que llevamos casi ocho años impulsando y que continuará el próximo miércoles y jueves.
La jornada de ayer estuvo dedicada al interrogatorio de los representantes de las empresas demandadas y de algunos testigos. Y tenemos que contaros que, aunque de las declaraciones se desprendieron cuestiones muy interesantes para nuestra demanda, también vivimos situaciones verdaderamente preocupantes por la actuación del magistrado que preside la vista.
Empecemos por lo más grave.
Nuestro abogado, Elpidio Silva, comenzó interrogando a los representantes de las empresas demandadas sobre su actividad y la prestación de servicios de transporte, formulando las mismas preguntas a todos ellos.
Durante el primer interrogatorio, todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, al llegar al segundo representante empresarial, el magistrado decidió impedir que nuestro abogado formulara una de las preguntas que ya había realizado al primero sin ningún problema.
Elpidio protestó formalmente, defendiendo la pertinencia de la pregunta y señalando que exactamente la misma cuestión había sido admitida momentos antes.
La reacción del juez fue todavía más sorprendente: le retiró la palabra y le impidió continuar con el interrogatorio. TOTALMENTE ILEGAL !!
Sí, habéis leído bien. En pleno juicio, el magistrado decidió que nuestro abogado dejara de interrogar a los demandados.
Ante semejante situación, Elpidio le advirtió de las consecuencias procesales que podía tener aquella decisión y planteó expresamente la posibilidad de recusarlo (recusar a un juez significa solicitar legalmente que sea apartado de un procedimiento cuando existen causas que permiten cuestionar su imparcialidad).
La tensión en la sala fue considerable.
El juez dio entonces paso a otra abogada de la parte demandante, pero, cuando esta terminó, sucedió algo verdaderamente revelador.
El magistrado volvió a conceder la palabra a Elpidio, permitió que continuara interrogando y no volvió a impedirle formular aquella misma pregunta a los siguientes representantes empresariales.
Es decir, una pregunta que había sido perfectamente válida para el primer interrogado, que después fue prohibida al segundo y que terminó siendo nuevamente admitida para los siguientes.
¿Qué había cambiado? ¿Por qué una misma pregunta era admisible para unos representantes empresariales y no para otro? Y, sobre todo, ¿qué justificaba que nuestro abogado fuera privado de continuar el interrogatorio por protestar ante aquella decisión?
Desde nuestra perspectiva, esta rectificación resulta especialmente significativa y refuerza nuestras dudas sobre la justificación de aquella intervención.
Pero las situaciones que nos hicieron cuestionar la imparcialidad del magistrado no terminaron ahí.
Durante buena parte de la vista observamos gestos de desaprobación e interrupciones cuando intervenía nuestro abogado. Era una exageración… caras de asco, y una manera de hablar totalmente DESPECTIVA hacia Elpidio por parte del magistrado.
Sin embargo, cuando llegó el turno del abogado de Uber…
El abogado de Uber comenzó a formular preguntas sobre si su empresa operaba en Toledo, Guadalajara, Burgos, Cuenca o Pamplona.
¿Y qué tienen que ver esas ciudades con nuestra demanda?
Absolutamente nada. No hemos denunciado ninguna actividad desarrollada en Toledo, Guadalajara, Burgos, Cuenca ni Pamplona. Nuestra demanda no guarda la más mínima relación.
Por tanto, desde nuestra perspectiva, aquellas preguntas resultaban completamente ajenas al objeto del procedimiento.
Y lo verdaderamente sorprendente no fue solamente que se permitieran, sino lo que ocurrió después.
El mismo magistrado que había impedido a Elpidio continuar interrogando por una pregunta directamente relacionada con nuestra demanda terminó felicitando al abogado de Uber por haber sido «claro y conciso» después de formular preguntas sobre ciudades que no forman parte de los hechos denunciados.
Es decir, a nuestro abogado se le impide formular una pregunta pertinente y se le retira la palabra cuando protesta. Pero al abogado de Uber, después de interrogar sobre cuestiones cuya relación con el litigio nadie había explicado, se le dedica un elogio.
Vamos, que el juez practicamente le hizo un masajito en los pies al abogado de Uber y después de haber hecho una serie de preguntas que no guardan ninguna relación con el proceso 🤷🏻♂️
Y aquí surge otra pregunta que consideramos legítima: ¿qué explicación existe para semejante diferencia de trato?
Porque si aquellas preguntas sobre ciudades completamente ajenas a la demanda respondían a alguna cuestión jurídica relevante, esa relación no quedó explicada durante el interrogatorio.
¿Conocía el magistrado de antemano la finalidad de esas preguntas porque ya lo habían hablado entre ellos? ¿O simplemente estaba aplicando criterios completamente diferentes según qué abogado interviniera?
No afirmamos que existiera ninguna conversación previa entre el juez y la defensa de Uber, porque no tenemos pruebas de ello. Pero la escena nos resultó tan desconcertante que consideramos necesario exigir una explicación objetiva de esa aparente diferencia de criterio.
Elpidio volvió a protestar ante lo que consideró una manifestación de trato desigual y llegó a preguntarle al magistrado:
«¿Este es el abogado que a usted le gusta?»
También solicitó que quedara constancia de su protesta.
Porque una cosa es que un juez dirija el procedimiento y otra muy distinta que las partes perciban un trato tan diferente dependiendo de quién esté formulando las preguntas.
¿Y qué ocurrió durante los interrogatorios?
Aquí encontramos algunos de los aspectos más relevantes de la jornada.
Los representantes de las empresas demandadas reconocieron que la inmensa mayoría de los servicios que realizaban sus vehículos eran íntegramente urbanos.
Es decir, precisamente la actividad que constituye uno de los elementos centrales de nuestra demanda.
Recordemos que nuestro procedimiento cuestiona la explotación de autorizaciones VTC para prestar esos servicios durante el periodo anterior a la regulación aprobada por la Comunidad de Madrid en 2022.
Nuestra posición jurídica se apoya, entre otros fundamentos, en la doctrina constitucional sobre el reparto de competencias en materia de transporte y en la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2023, que rechazó la reclamación patrimonial de una empresa vinculada a Cabify contra el Estado por el denominado decreto Ábalos.
Además, disponemos de una prueba pericial sobre el funcionamiento de las aplicaciones y otra de carácter económico relativa a la facturación de los vehículos.
Y aquí se produjo otra circunstancia interesante.
Cuando nuestro abogado preguntó a los representantes empresariales por las estimaciones de facturación contenidas en nuestra pericial, estos no pudieron confirmar las cantidades exactas, pero tampoco las desmintieron.
No estamos diciendo que aceptaran expresamente todas las cifras de nuestro perito, pero sí que durante aquellos interrogatorios no negaron los datos de nuestra pericial económica.
También resultó sorprendente el desconocimiento mostrado por algunos representantes sobre cuestiones elementales de sus propias empresas.
Hubo respuestas en las que alegaban que determinados asuntos correspondían a otros departamentos, pero ni siquiera eran capaces de identificar cómo se llamaban esos departamentos.
Una situación cuanto menos llamativa tratándose de personas que comparecían en un procedimiento judicial de esta importancia.
Por otra parte, también asistimos a interrogatorios de otra representación de taxistas que dedicaron parte de sus preguntas a cuestiones como los turnos laborales de los conductores VTC, sus condiciones de trabajo o la tributación de las empresas en paraísos fiscales.
Cuestiones que pueden ser relevantes en otros debates televisivos wtc, pero cuya relación con las pretensiones concretas de este procedimiento de competencia desleal no alcanzamos a comprender.
¿Con qué sensación salimos del juzgado?
Con sensaciones encontradas.
Por una parte, consideramos que los interrogatorios aportaron elementos relevantes para nuestra demanda. Especialmente, el reconocimiento de la actividad urbana de las empresas y la ausencia de una refutación concreta de determinadas estimaciones económicas.
Por otra, salimos profundamente preocupados por el comportamiento del magistrado.
No estamos hablando de que nos haya gustado más o menos una decisión judicial. Estamos hablando de que nuestro abogado llegó a ser privado de continuar un interrogatorio después de protestar por una pregunta rechazada, para posteriormente recuperar la palabra y poder seguir formulando esa misma cuestión a los representantes de otras empresas.
Y estamos hablando de una sucesión de actuaciones que, consideradas conjuntamente, nos han generado serias dudas sobre la igualdad de trato y la apariencia de imparcialidad durante la vista.
Todo ello ha quedado registrado en la grabación judicial y podrá examinarse objetivamente.
No pretendemos anticipar el resultado del procedimiento ni afirmar que las incidencias descritas determinen por sí solas una vulneración judicial acreditada. Pero tampoco vamos a guardar silencio ante actuaciones que consideramos preocupantes y que afectan a un litigio de enorme importancia para nuestro sector.
Llevamos desde enero de 2019 defendiendo esta demanda. Casi ocho años de trabajo, documentación, recursos y esfuerzo para conseguir que se examine judicialmente una actividad que consideramos contraria a la normativa de transporte y a las reglas de la competencia.
Y no hemos llegado hasta aquí para renunciar a que nuestros argumentos sean escuchados y nuestras pruebas examinadas con todas las garantías.
El próximo miércoles y jueves continuará el juicio.
Seguiremos informando de lo que ocurra, con la misma determinación con la que iniciamos este procedimiento.
Porque después de casi ocho años, lo mínimo que exigimos es algo tan elemental como que se nos permita defender nuestra demanda en condiciones de igualdad y ante un tribunal imparcial.
CIBELES COMFORT CARS LLEVA OCHO AÑOS PERDIENDO DINERO… ¡Y SIGUE FUNCIONANDO!
Otra de las declaraciones más sorprendentes de la primera jornada del juicio fue la del representante de Cibeles Comfort Cars, quien aseguró que su empresa lleva registrando pérdidas económicas desde su creación en 2018.
¡Ocho años consecutivos perdiendo dinero! Según su representante, ni un solo ejercicio con beneficios.
Y, sin embargo, la empresa continúa desarrollando su actividad.
Naturalmente, una empresa puede atravesar ejercicios con pérdidas y seguir funcionando gracias a préstamos, aportaciones de sus socios o financiación externa. Incluso puede facturar cantidades importantes y terminar el año con un resultado negativo.
Pero lo verdaderamente llamativo es que, según lo declarado en el juicio, esta situación no sería algo puntual, sino que se habría prolongado durante absolutamente toda la trayectoria de la empresa que va camino de una década !
¿Quién está financiando esas pérdidas? ¿De dónde sale el dinero para mantener una actividad que, según su propio representante, no ha conseguido ser rentable en ocho años? ¿Y qué expectativas de negocio justifican continuar sosteniéndola?
Porque una cosa es invertir durante los primeros años esperando recuperar el dinero más adelante y otra muy distinta es encadenar ocho ejercicios consecutivos de pérdidas sin que, aparentemente, eso impida seguir operando.
Y todavía hay otro aspecto que merece atención: el fiscal.
Las empresas que declaran pérdidas pueden, bajo determinadas condiciones, compensarlas con beneficios futuros en el Impuesto sobre Sociedades. También pueden recibir devoluciones de IVA cuando el impuesto soportado deducible supera al repercutido, aunque esto último no depende directamente de que tengan pérdidas. Y esto es justo lo que afirmó su representante, que los españoles todos los años encima les pagamos una pasta gansa a ellos !!
Desde luego, resulta extraordinariamente llamativo que una empresa pueda pasarse ocho años perdiendo dinero y que sus propietarios sigan considerando que merece la pena mantenerla abierta. 🤷🏻♂️





